las garantías que representan los derechos fundamentales en el espacio de la opinión pública

las garantías que representan los derechos fundamentales en el espacio de la opinión pública


Ciertamente las garantías que representan los derechos fundamentales no bastan para evitar las deformaciones del espacio de la opinión pública y de la sociedad civil. Antes es la propia sociedad civil la que ha de mantener intactas las estructuras comunicativas del espacio de la opinión pública. El que el espacio de la opinión pública-política en cierto modo tiene que estabilizarse a sí mismo, muéstrase en la curiosa autorreferencialidad de la práctica de la comunicación en la sociedad civil. Los textos de aquellos que con sus manifestaciones en el espacio de la opinión pública reproducen simultáneamente las estructuras de ese espacio, delatan un subtexto que es siempre el mismo y que hace referencia a la función crítica del espacio de la opinión pública en general. El sentido performativo de los discursos públicos mantiene presente, aquende los contenidos manifiestos, las función de una esfera de la opinión pública-política no distorsionada como tal. Las instituciones y garantías jurídicas de la formación libre de la opinión descansan sobre el vacilante suelo de la comunicación política de aquellos que, al hacer uso de ellas, las interpretan, las defienden, a la vez que las radicalizan en su contenido normativo. Los actores que saben que, durante sus disputas de opinión, durante sus pugnas por ejercer influencia, están implicados y enredados en la empresa común de reconstitución y mantenimiento de las estructuras del espacio de la opinión púbica, se distinguen de los actores que se limitan a hacer uso de los foros existentes, por una doble orientación de su política, doble orientación que resulta característica: con su programas están ejerciendo influencia (y ésta es su intención directa) sobre el sistema político, pero a la vez, reflexivamente, también se trata para ellos de la estabiización y ampliación de la sociedad civil y del espacio de la opinión pública y de cerciorarse de su propia identidad y capacidad de acción.

Este tipo de dual politics lo observan Cohen y Arato sobre todo en los “nuevos” movimientos sociales que persiguen simultáneamente fines ofensivos y defensivos. “Ofensivamente” esos movimientos tratan de poner sobre la mesa temas cuya relevancia afecta a la sociedad global, de definir problemas y de hacer contribuciones a la solución de problemas, de suministrar nuevas informaciones, de interpretar de otro modo los valores, de movilizar buenas razones, de denunciar las malas, con el fin de provocar una revulsión en los estados de ánimo y en la manera de ver las cosas, que cale en una amplia mayoría, que introduzca cambios en los parámetros de la formación de la voluntad política organizada y ejerza presión sobre los parlamentos, los tribunales y los gobiernos en favor de determinadas políticas. “Defensivamente” tratan de mantener las estructuras asociativas existentes y las estructuras del espacio de opinión pública existente, de generar contra-espacios públicos de tipo subcultural y contra-instituciones de tipo subcultural, de fijar nuevas identidades colectivas y de conquistar nuevos terrenos en forma de una ampliación de los derechos y de una reforma de las instituciones: “Conforme a esta explicación el efecto “defensivo” de los movimientos implica la preservación y el desarrollo de la infraestructura comnicativa del mundo de la vida. Esta formulación recoge los aspectos duales discutidos por Touraine, así como la idea de Habermas de que los movimientos sociales pueden ser los portadores de los potenciales de la modernidad cultural. Esto es condición sine qua non para que tengan buen suceso los esfuerzos por redifinir las identidades, reinterpretar las normas y desarrollar formas asociativas, igualitarias y democráticas. Los modos expresivos, normativos y comunicativos de acción colectiva... implican, pues, esfuerzos por asegurar cambios institucionales dentro de la sociedad civil que se correspondan con los nuevos sentidos, identidades y normas que se han creado”. En el modo de reproducción autorreferencial del espacio de la opinión pública y esa política de doble haz, enderezada tanto hacia el sistema político como hacia la autoestabiización del espacio de la opinión pública, viene inserto un espacio para la ampliación y la radicalización dinámicas de los derechos existentes: “La combinación de asociaciones, públicos, y derechos, cuando vienen sustentados por una cultura política en la que iniciativas y movimientos independientes mantienen una opción política legítima y siempre renovable, representa, en nuestra opinión, un efectivo conjunto de baluartes en torno a la sociedad civil dentro de cuyos límites puede reformularse buena parte del programa de democracia radical”.

En efecto, el entrelazamiento y juego entre un espacio de opinión pública basado en la sociedad civil, por un lado, y la formación de la opinión y la voluntad políticas en el complejo parlamentario, institucionalizado en términos de Estado de derecho (y también la práctica de las decisiones judiciales), por otro, constituyen un buen punto de arranque para la traducción sociológica del concepto de política deliberativa. Sin embargo, la sociedad civil no debe considerarse como un foco en el quese concentran los rayos de una autoorganización de la sociedad en conjunto. Cohen y Arato acentúan con razón el limitado espacio de acción que la sociedad civil y e espacio de la opinión pública permiten a las formas de movimiento y expresión no institucionalizadas. Cohen y Arato hablan de una “autolimitación” estructuralmente necesaria de la práctica de la democracia radical:
-Primero, una sociedad civil con vitalidad suficiente sólo puede formarse en el contexto de una cultura política acostumbrada al ejercicio de las libertades, y de los correspondientes patrones de socialización, así como sobre la base de una esfera de la vida privada, que mantenga su integridad, es decir, sólo puede formarse en un mundo de la vida ya racionalizado. Pues si no, surgen movimientos populistas, que defienden ciegamente contenidos de tradición endurecidos y anquilosados de un mundo de la vida amenazado por la modernización capitalista. Éstos son tan antidemocráticos en sus formas de movilización, como modernos en sus objetivos.

-Segundo, en el espacio de la opinión pública, por lo menos en el espacio de una opinión pública liberal, los actores sólo pueden ejercer influencia, pero no poder político. La influencia de una opinión pública más o menos discursiva, generada en controversias abiertas es, ciertamente, una magnitud empírica que, por supuesto, siempre es capaz de poner en marcha alguna cosa; pero sólo cuando esta influencia de tipo publicístico-político pasa los filtros del procedimiento institucionalizado de formación democrática de la opinión y la voluntad políticas y se transforma en poder comunicativo y penetra en la producción legítima de derecho, puede surgir de la opinión pública fácticamente generalizada una convicción acreditada también desde el punto de vista de la generalización de intereses, que legitime las decisiones políticas. La soberanía del pueblo, comunicativamente fluidificada, no puede hacerse valer sólo en el poder que puedan ejercer discursos informales y públicos autónomos. Para generar poder político, su influencia ha de extenderse a las deliberaciones de las instituciones democráticamente estructuradas de la formación de la opinión y la voluntad y adoptar en resoluciones formales una forma autorizada.

-Finalmente, los instrumentos que con el derecho y el poder administrativo quedan a disposición de la política, tienen en las sociedades funcionalmente diferenciadas un límitado grado de eficacia. Ciertamente, la política sigue siendo el destinatario de los problemas de integració no resueltos; pero a menudo la regulación y el control políticos, como hemos visto, la lógica específica y el específico modo de operar de los sistemas funcionales y de otros ámbitos altamente organizados. De ello se sigue que los movimientos democráticos que surgen de la sociedad civil han de renunciar a aquellas aspiraciones de una sociedad que se organice a sí misma en conjunto, aspiraciones que, por ejemplo, estuvieron a la base de las representaciones marxistas de la revolución social. Directamente la sociedad civil sólo puede transformarse a sí misma e, indirectamente, puede operar sobre la autotransformación del sistema político estructurado en términos de Estado de derecho. Por lo demás, influye sobre la programación de ese sistema. Pero ni conceptual ni políticamente puede ocupar el puesto de aquel sujeto en gran formato, inventando por la filosofía de la historia, cuya misión era poner a la sociedad en conjunto bajo su control y a la vez actuar legítimamente en nombre de ella. Aparte de eso el poder administrativo utilizado para cumplir objetivos de planificación social, ni se presta ni es el medio más adeucado para el fomento de formas emancipadas de vida. Éstas pueden formarse y desarrollarse a consecuencia de procesos de democratización, pero no pueden producirse por intervenciones administrativas.
La autolimitación de la sociedad civil no significa que ésta hubiera de considerarse perpetuamente en una situación de minoría de edad, es decir, que hubiera de quedar sujeta siempre a tutela. El saber de regulación y control sistémicos, que ha de ejercer el sistema político, y que en las sociedades complejas constituye un recurso tan escaso como deseado, puede, ciertamente, convertirse en fuente de un nuevo paternalismo sistémico. Pero como la Administración estatal no produce ella misma la mayor parte del saber relevante que necesita, sino que lo toma del sistema de la ciencia y de otros agentes que se constituyen en eslabones intermedios, tampoco puede disponer de por sí de ese saber en términos de monopolio. Pese a sus posibiidades asimétricas de intervención y a sus limitadas capacidades de elaboración, la sociedad civil mantiene también la oportunidad de movilizar contrasaber y de hacer sus propias traducciones de los correspondientes informes técnicos. El hecho de que el público se componga de legos y de que la opinión pública discurra en un lenguaje inteligible para todos, no significa necesariamente una desdiferenciación de las cuestiones esenciales y de las razones sobre cuya base esas cuestiones se deciden. Ello sólo puede servir de pretexto para poner tecnocráticamente bajo tutela a la opinión pública mientras las iniciativas de la sociedad civil.

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